Madrid, 25 de junio de 2025. 

Un grupo de once entrenadores españoles, miembros de Entrenadores de Fútbol Asociados Profesionales (EFA Pro) —plataforma que trabaja para constituirse como el futuro sindicato del colectivo—, ha interpuesto un recurso de reposición conjunto ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por considerar ilegal la decisión federativa de someterles a una "reevaluación" de sus Certificados de Reconocimiento de Competencias UEFA (RoC UEFA).

Los entrenadores fueron declarados APTOS a comienzos de 2025 conforme a la Circular nº 63, vigente en ese momento, tras acreditar su experiencia profesional en el extranjero. Sin embargo, el pasado 3 de junio recibieron una notificación por correo electrónico que revoca de facto su certificación y exige someterse a un nuevo proceso bajo los requisitos modificados por la Circular nº 91, publicada el 14 de mayo a instancias del Jira Panel Bureau de la UEFA.

El recurso, que invoca la Ley del Deporte, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Constitución Española, denuncia que la actuación de la RFEF aplica retroactivamente una norma restrictiva de derechos, vulnerando la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad; supone una revocación encubierta de actos administrativos firmes y favorables, sin motivación ni procedimiento legal válido; se ha realizado sin cumplir los requisitos de forma en la notificación, lo que invalida su eficacia; y, por último,  coloca a los entrenadores en una situación de perjuicio profesional irreparable, al poner en riesgo contratos, visados y desplazamientos laborales ya firmados en el extranjero.

Los entrenadores han solicitado la anulación inmediata del requerimiento y la revalidación íntegra de sus certificados, así como la suspensión cautelar del procedimiento iniciado por la RFEF.

Desde EFA Pro, se alerta de la falta de garantías en los procedimientos federativos y se insiste en la necesidad de un marco jurídico estable, transparente y respetuoso con los derechos adquiridos, especialmente en un momento clave para la profesionalización del colectivo.

Este caso, aseguran, es una llamada de atención sobre la importancia de crear una voz colectiva y sindical que defienda los derechos de los entrenadores en España y ante las instituciones deportivas nacionales e internacionales.